RACE considera desproporcionado el ataque a los conductores
La subida del precio del diésel, las políticas restrictivas de algunos ayuntamientos contra la entrada de vehículos a sus ciudades, el planteamiento del Gobierno del pago por uso en autovías y autopistas, y el nuevo borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que plantea la prohibición de venta de coches de combustión a partir de 2040, son medidas desproporcionadas contra los automovilistas.
El RACE siempre antepone la salud a la movilidad, pero matiza que el del automóvil es un sector que ha mejorado radicalmente su apuesta por el medio ambiente, tanto por parte de los fabricantes como por la industria auxiliar. La modernización del parque es esencial para mejorar los niveles de seguridad y de contaminación. De hecho, los coches bajo la normativa Euro 6 contaminan 30 veces menos que vehículos con una antigüedad de 20 años. Por eso, el Club de Automovilistas exige medidas reales e inmediatas para que los usuarios tengan la posibilidad de cambiar su vehículo y así, contribuir a una movilidad más sostenible en las ciudades y carreteras de nuestro país.
A nuestro juicio, estamos asistiendo al anuncio y ejecución de medidas que van en contra de los automovilistas sin ofrecer alternativas y, lo que es más preocupante; por un lado cargando con cada vez más impuestos y más restricciones a los propietarios de un vehículo, y por el otro, sufriendo una muy significativa y arbitraria devaluación del valor de sus vehículos que – según diferentes estimaciones del sector – puede llegar a suponer decenas de miles de millones de Euros a sufragar por el automovilista.
El Gobierno plantea la eliminación en 2040 de los vehículos gasolina, diésel e híbridos, dejando prácticamente como única alternativa, el acceso al vehículo eléctrico. Una tecnología que actualmente es cara, cuenta con escasez de puntos de carga, con un precio elevado en aquellos que son públicos, y con poca autonomía en la mayoría de los modelos.
Por todo ello, el RACE considera que, lo primero, es poner el foco en la modernización del parque, con lo que se reducirán de forma considerable las emisiones, y exige a las autoridades que actúen de forma responsable, planteando escenarios creíbles, realistas y aplicables para que, en el futuro, la movilidad siga estando al alcance de todos.
Cabe recordar que el alarmismo y la incertidumbre no hacen más que perjudicar a una industria que, en estos momentos, genera el 10% del PIB de nuestro país, 300.000 empleos directos y más de 2.000.000 ligados al sector de manera indirecta.