La Seguridad Vial es una responsabilidad compartida

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que se ha celebrado en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Madrid.

Durante este acto, Juan Ignacio Zoido ha estado acompañado por el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, y el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, entre otras autoridades del Ministerio del Interior, de otros Ministerios y Organismos públicos y privados vinculados con la seguridad vial.

El Pleno del Consejo Superior de Tráfico es el órgano de consulta y  participación que tiene como objetivos impulsar y mejorar el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y promover el acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en dichos ámbitos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado que “es un honor para él presidir la primera reunión del Pleno del Consejo en esta legislatura, un órgano que es el ejemplo más claro de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere de la implicación de todos los agentes sociales desde sus diferentes ámbitos competenciales”.

Además, Zoido ha asegurado que “la seguridad vial es una labor prioritaria en un país desarrollado como el nuestro en el que es imprescindible establecer canales de colaboración en el desarrollo de políticas públicas eficaces que aúnen los esfuerzos necesarios para lograrlo”.

En el trascurso de la reunión, el ministro del Interior ha dado a conocer las novedades propuestas por la DGT a incluir en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, después de haber sometido dicho documento marco a una revisión, tal y como establece la propia Estrategia.

Juan Ignacio Zoido ha recordado que desde 2011 la seguridad vial y la movilidad han experimentado importantes transformaciones que tienen que verse reflejadas en los objetivos y acciones de la Estrategia. “La revisión que se ha realizado ha sido profunda y puede servir para configurar los pilares sobre los que se asiente la futura estrategia 2021-2030”, ha subrayado el ministro del Interior.

La propuesta presentada cuenta con 19 áreas temáticas que se desarrollarán en 39 objetivos estratégicos y en 154 acciones, 88 de ellas procedentes de la Estrategia original, 50 nuevas y 16 pendientes de valoración (Ver cuadro).

Modificaciones legislativas

Respecto a las modificaciones legislativas, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, se ha referido a la necesidad de realizar una gran reforma de la Ley de Seguridad Vial. “Dicha reforma debe ser el marco normativo de la movilidad del siglo XXI y para ello, tenemos que prestar especial atención a las medidas de mejora de la seguridad vial, en especial de los colectivos vulnerables y a medidas de movilidad urbana”, ha dicho Serrano.

Algunos de los aspectos a modificar tanto de la Ley como de los reglamentos que los regulan son la velocidad, tanto en vías urbanas como en interurbanas; los reincidentes en alcohol y drogas; el permiso por puntos (infracciones, cursos,  permiso por puntos virtual europeo…) la educación vial a lo largo de la vida; la conducción autónoma y seguridad en los vehículos o la nueva movilidad en la ciudad entre otros.

Para llevar a cabo estas reformas, la DGT buscará el consenso de todos los actores implicados. Se constituirán 8 grupos de trabajo en el seno del Consejo Superior de Tráfico en los que participarán las instituciones o entidades más vinculadas con la materia encargada a cada grupo.

Los grupos de trabajo propuestos al Pleno son:

–      Reincidentes y enfermedades limitativas de la conducción. Alcohol y drogas.

–      Vehículos: conducción autónoma, seguridad de/en vehículos, nueva movilidad motorizada.

–      Nueva movilidad activa. Ciudad. Restricciones medioambientales.

–      Normas de circulación.

–      Permiso por puntos: infracciones y cursos. Nuevas propuestas para mejorar efectividad.

–      Velocidad.

–      Educación vial a lo largo de la vida.

–      Formación de conductores.

Además, se mantendrán reuniones con otros interlocutores como la Fiscalía de Seguridad Vial, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat de Catalunya y la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La educación vial es una de las herramientas fundamentales para la prevención de accidentes de tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT)  lleva décadas trabajando dicha educación en las diferentes etapas de la vida, pero ahora da un paso más y elabora un Plan Base de Educación Vial. Con dicho Plan se ejecuta una de las acciones incluidas en el Plan de Medidas Urgentes en materia de seguridad vial que presentó el ministro del Interior en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

El Plan recoge una serie de directrices generales a desarrollar y a adaptar a las realidades y particularidades de cada provincia. Según Gregorio Serrano “los principios que rigen dicho Plan son la transversalidad, la  estrategia didáctica del mismo, la implicación social y el aprendizaje a lo largo de la vida, algo fundamental en sociedades avanzadas”

Establecidas estas bases, la DGT constituirá subcomisiones de educación vial en el seno de las comisiones provinciales de seguridad vial, integradas por las autoridades provinciales y otras entidades vinculadas a la misma. El objetivo es que en esa subcomisión se compartan experiencias, recursos y se atiendan las peculiaridades propias de cada provincia para poder dar soluciones concretas a necesidades específicas.

Dichas subcomisiones atenderán la educación vial en todas las etapas de la vida, prestando especial atención a colectivos específicos como es el de las personas con discapacidad.

Para alcanzar los indicadores de accidentalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial para el año 2020 es imprescindible colaborar con las entidades locales. Para ello, Tráfico va a poner en marcha un nuevo Convenio bilateral que sustituya al firmado en 2009 con el objetivo de adaptarlo a la Ley 40/2015 de Régimen de las Administraciones Públicas. Dicho convenio implicará una mayor colaboración como la cesión de equipos, la formación de policías o actuaciones en materia de alcohol y drogas entre otras.